Domicilio fiscal | Dirección de facturación | Diccionario de Mudanzas

La dirección para la correspondencia oficial que forma parte de las facturas que emiten las empresas de mudanzas y transportistas profesionales.

El término "domicilio fiscal" o la “dirección de facturación” se refiere a la dirección legal o fiscal de una persona física o empresa (entidad), donde se establece su residencia a efectos tributarios y legales. El domicilio fiscal es privado, se rige por la Ley General Tributaria y se utiliza:
● Como referencia para la notificación de procesos legales y administrativos;
● Para la presentación de declaraciones fiscales;
● Para la recepción de correspondencia oficial,
● Para indicar la ubicación a la que se asocian las obligaciones y derechos fiscales;
● Para determinar la jurisdicción tributaria a la que están sujetas y para el cálculo de impuestos.

Una de las razones por la que cualquier cambio en el domicilio fiscal debe ser notificado a las autoridades fiscales, es porque la elección del domicilio fiscal puede tener implicaciones importantes en términos de carga tributaria, ya que las tasas de impuestos pueden variar según la ubicación geográfica. Por otro lado, no es obligatorio que el domicilio fiscal coincide con el domicilio social (dirección física o comercial) o la dirección operativa de la persona o empresa. Puede ser la dirección de la oficina principal o la ubicación donde se lleva a cabo la gestión administrativa y financiera de la entidad.

La dirección de facturación es un dato importante que forma parte de las facturas que emiten empresas de transporte, transportistas profesionales autónomos, por su servicio de transporte de mudanza y servicios directamente vinculados con el proceso de mudanza (guardamuebles, el embalaje y desembalaje de los artículos, carga y descarga, desmontaje y montaje de muebles, etc.). Habitualmente, las facturas están gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido y el consumidor (sea una persona física o jurídica) paga el 21% de IVA como parte del costo total de los servicios recibidos.
No obstante, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido indica, que este gasto podría estar sujeto a la posibilidad de desgravar (deducir) si disponer de “… La factura original expedida por quien preste el servicio en su nombre…”. El Artículo 97 de esta ley, denominado “Requisitos formales de la deducción”, informa que “… la factura original deberá contener los requisitos recogidos en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido…”. Dicho artículo entre otros requisitos imprescindibles en el párrafo Nº5 señala “… el nombre completo y la dirección del sujeto pasivo y del adquiriente o del destinatario…”.

Es importante verificar periódicamente las regulaciones específicas en el país correspondiente, ya que las normas y requisitos pueden variar.